Hace ya un año de la entrada en vigor de la Ley de Facturación Electrónica en España. Para muchas empresas que trabajaban con la Administración Pública, supuso un cambio estructural, puesto que las facturas había que presentarlas telemáticamente a través de FACe. ¿Han sido los resultados los esperados? ¿Qué evolución está tomando? ¿Cómo cuadra con las estrategias marcadas por Europa? Hoy desde Viafirma te lo contamos.
Un Repaso sobre la Ley de Facturación Electrónica
Antes de comentar la evolución de la facturación electrónica en España, para aquellos que aún no conozcan plenamente en qué consiste la Ley 15/2013, os hacemos un pequeño repaso:
- ¿A quién afecta? A todo empresario que emita facturas a Administraciones Públicas en cualquiera de sus niveles, así como a grandes empresas.
- ¿Qué requisitos tienen que cubrir?
- Firmadas Electrónicamente
- En Formato Facturae
- Indicando el destinatario de la factura electrónica.
Evolución de la implantación de Facturación Electrónica en España
Impulsar la gestión telemática es uno de los principales objetivos de la mayoría de las Administraciones Públicas. La transformación digital se muestra imparable, y tanto éstas como las empresas han avanzado de forma importante en cuestiones relacionadas con esta nueva realidad.
Algunas de las iniciativas deben seguir el ritmo y el tenor marcado por las normativas, tanto de tipo comunitario como nacional, tal y como ocurre, por ejemplo, con la estrategia de datos abiertos o el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La progresiva implantación de la factura electrónica no es una excepción.
Con relación a esta última, la evolución ha sido muy positiva durante el último año. Tanto en el sector privado como público, la e-factura está consiguiendo una implantación que va cumpliendo hitos y superando retos de forma lenta y no exenta de complicaciones, pero imparable.
En efecto, la determinación de unos plazos para que la factura electrónica sea obligatoria en nuestro país tiene el calendario marcado por normativas de distinto tipo que estipulan ambiciosos objetivos, si bien la realidad ha ido avanzando de forma irregular.
Con el fin de fomentar la comunicación electrónica entre distintos países de la Unión Europea, ésta ha determinado fomentar la generalización de la e-factura, entendida como un documento digital que sustituye a la factura convencional, en formato papel.
Desde Bruselas se trabaja en pro del modelo único de factura electrónica, tanto creando un marco normativo cuajado de directivas como mediante programas de innovación y competitividad.
Las normativas europeas dieron el pistoletazo de salida para alcanzar el objetivo de su implantación en 2020 en el ámbito comunitario, en especial la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, -por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del IVA, en cuanto a las normas de facturación-, como la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública.
Respondiendo a estas directivas, a nivel interno se decretaron la Ley 25/2013, de 27 de diciembre , de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, así como la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, que modifica parcialmente aquella. Además, también encontramos un desarrollo normativo posterior que adopta la forma de reales decretos, órdenes y resoluciones.
En 2020, en efecto, se espera que la sustitución sea completa, un horizonte que está empezando a verse más cercano gracias a la evolución experimentada desde el pasado año. Su dinámica positiva no ha dejado de crecer, en muchos casos con aumentos exponenciales.
La flexibilidad de las administraciones a la hora de facilitar la transición ha venido motivada, en buena parte, por la crisis económica. Estas difíciles circunstancias han actuado de freno a la hora de cumplir los plazos impuestos por la normativa.
De hecho, el paso a la factura electrónica en España, producido a principios de 2015, estuvo muy lejos de cumplir las expectativas generadas, aunque actualmente puede hablarse de una evolución positiva.
Este punto de optimismo se explica, en buena parte, como contraste a los problemas experimentados al inicio de su obligatoriedad. El «apagón del papel» sigue siendo una asignatura pendiente, pero también es cierto que el paso a la factura electrónica avanza a un ritmo que hasta hace bien poco parecía difícil de alcanzar.
Un lento arranque
Desde el 15 de enero de 2015, las empresas proveedoras de la Administración y determinados sectores de actividad están obligados a utilizar la factura electrónica. Hasta entonces, la facturación era optativa. De hecho, desde el año 2003 existe tanto en España como en el conjunto de la UE un entorno legal y fiscal apto para enviar y recibir facturas telemáticas.
Fue a partir de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector Público cuando se logró un punto de inflexión, sobre todo en lo que respecta a las administraciones públicas.
Aún habiendo organismos y entidades que la ley exime de su cumplimiento, el Gobierno afirma que utilizar la factura digital en importes superiores a 5.000 euros puede suponer un ahorro total de decenas de millones de euros.
Pese a unos comienzos lentos y difíciles, -aún hoy muchas entidades públicas incumplen las condiciones técnicas exigidas y FACe, el punto general de entrada de las e-facturas, sigue esforzándose para optimizar su funcionamiento-, el balance a día de hoy no puede ser más que positivo.
2016: se dispara su uso
Las cifras dan cuenta de ello. Aún con marcadas desigualdades regionales, las estadísticas dibujan un cuadro en constante avance. Según las últimas estadísticas recogidas por FACe, Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, pertenecientes al primer trimestre de 2016, el total tramitado a través de este organismo a las distintas administraciones públicas sumaron un total de 7.750.458 facturas presentadas, incluyendo la autonómica, la Administración General del Estado (AGE), la Administración Local, universidades y otras instituciones.
El Observatorio de Administración Electrónica, en su último boletín de indicadores indica que las tramitadas a través de FACe en el ámbito de la AGE fue de 1,107.475 facturas en marzo de 2016, en comparación a los 6.010.928 emitidas durante todo 2015, y frente a las 884 facturas emitidas en 2014.
Aunque Hacienda vincula este aumento a la liquidez extra que están recibiendo las autonomías a través de los mecanismos oficiales, el avance de este nuevo modelo de factura es innegable.
Además del obvio impulso que ha supuesto su obligatoriedad, los mecanismos de liquidez puestos en marcha, como el el Fondo de Liquidez Autonómico y la Facilidad Financiera, han actuado como aceleradores del pago de facturas, especialmente por parte de las autonomías.
El montante de estas operaciones también logra cifras de récord, al pasar de los 32.824 millones de euros que sumaron el año pasado a los 40.369.769.890 millones alcanzados entre enero y marzo del presente ejercicio.
Por administraciones, las entidades locales acapararon casi la mitad de los recibos electrónicos (49,6 por ciento), frente a un 38,45 autonómico y un 9,94 por ciento de la AGE.
De acuerdo con un informe realizado por la Asociación Europea de Proveedores de Servicio de Factura Electrónica (EESPA, por sus siglas en inglés), en el próximo lustro se espera que aumente a una tasa del 10 al 20 por ciento.
En España no es diferente. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al primer semestre de 2015, solo el sector privado emitió 77,7 millones de facturas digitales, lo cual supone un incremento del 16 por ciento. En términos comparativos, son más de 10 millones más de documentos que en el mismo periodo del año anterior, y en el sector público la evolución no es menos positiva.
Un cambio muy beneficioso
Como todos los cambios, también éste requiere su tiempo. En España el inicio ha estado plagado de titubeos, pero la cuenta atrás se ha iniciado. Desde el 15 de enero de 2015, las empresas proveedoras de la Administración y determinados sectores de actividad están obligados a utilizar la factura electrónica.
Pese a unos comienzos lentos y difíciles, -aún hoy muchas entidades públicas incumplen las condiciones técnicas exigidas y FACe , el punto general de entrada de las e-facturas, sigue esforzándose para optimizar su funcionamiento-, el balance a día de hoy no puede ser más que positivo.
Si estás interesado en indagar en cómo la ley de Facturación Electrónica en España puede afectarte, te recomendamos leer dos artículos donde se profundiza en la materia:
- La nueva normativa sobre el impulso a la factura electrónica y registro contable de facturas en el sector público en 4 pasos
- Facturación Electrónica, IVA y Hacienda ¿Qué es el SII?
Cada vez son más las empresas tanto privadas como públicas que optan por la utilización de softwares que permitan la emisión de facturas en ambos formatos, puesto que la transformación digital es un hecho innegable en el que nos estamos viendo envueltos. Viafirma eInvoice es nuestra solución para cubrir dicha necesidad, permitiendo la emisión de facturas y envío a través de FACe con un solo click. Viafirma eInvoice cumple con el formato recomendado por el Ministerio de Economía y Hacienda (facturae v3.2 y v3.2.1)
Aún tendremos que esperar unos meses para ver los resultados de todas las medidas que se están tomando, no obstante, se augura una evolución muy favorable. Y tú, ¿cuál piensas que va a ser la evolución? Compártela con nosotros.