Transformar digitalmente cualquier empresa es una tarea ardua que requiere de planificación, medios y tiempo. Si para cualquier organización privada supone todo un desafío, aún lo es más para entidades públicas, que generalmente cuentan con una organización más compleja. ¿En qué fase de la Transformación Digital se encuentran las Comunidades Autónomas? Hagamos un análisis de su situación actual en el camino hacia una Administración electrónica.
Como bien sabemos, el territorio español se encuentra dividido política y administrativamente en 16 Comunidades Autónomas, una Comunidad Foral, como es Navarra y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Esta descentralización del modelo de Estado hace que la coordinación y colaboración entre Administración autonómica y central y entre las propias Comunidades Autónomas sea una pieza clave para el buen funcionamiento de las instituciones.
Con el fin de agilizar estas relaciones institucionales, así como con los ciudadanos, desde hace años las entidades públicas autonómicas han establecido procesos que tienen como meta la implementación de servicios digitales que den forma a la conocida como administración electrónica o eAdministración.
Cómo se organizan las estructuras para la administración electrónica
Esta mencionada división territorial hace que las entidades difieran en cómo se deben implantar medidas para una correcta transformación digital.
Por una parte, podemos encontrarnos con el caso de Cantabria, Navarra, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Andalucía. En todas estas regiones hay un único departamento interno responsable de la administración electrónica. Por ejemplo, en Andalucía existe la Dirección General de Transformación Digital de la Junta de Andalucía.
Por otra parte, existen casos en los que serán dos los departamentos internos los encargados de esta tarea. Por lo general, uno de ellos, de corte más político, se dedicará al diseño de acciones y el otro, más técnico, a su implementación. Este modelo podemos contemplarlo en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. Como muestra, la Comunidad de Madrid dispone de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
También podemos apreciar situaciones en los que varios departamentos de la misma Administración autonómica se coordinan para dar lugar a un comité para la transformación digital, como ocurre en Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla y la Mancha y Canarias. Los planes para la administración pública de estas comunidades suelen ser más ambiciosos, ya que estos comités presentan una estructura de mayores dimensiones que permite un mayor margen de acción. Uno de estos casos es la Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno Vasco, que elabora el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública (PEGIP 2020).
El informe CAE 2018
Con el fin de monitorizar e impulsar la digitalización de las Autonomías, el grupo de trabajo de “Observatorio, indicadores y medidas”, conformado por todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, elabora anualmente el Informe CAE.
Este fija su atención en diversos aspectos relacionados con la administración electrónica, que pasamos a desglosar.
Estrategias para poner en marcha la administración electrónica
Este informe recoge que 10 Comunidades ya disponen de planes para digitalizarse y, además, ya se han organizado estructuralmente para que las acciones recogidas en estos planes se ejecuten y supervisen. Estas comunidades son: Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, La Rioja y País Vasco.
También se habla de las comunidades que tienen proyectado la redacción de un plan de transformación digital en un futuro cercano, como son Andalucía, Castilla y León y la Región de Murcia.
En lo que respecta a las ciudades autónomas, Melilla tiene en funcionamiento su plan digital y Ceuta lo tiene en proceso de elaboración.
La Comunidad Foral de Navarra no dispone, hasta este momento, de un plan estratégico.
Servicios que se ofrecen al ciudadano
El Informe CAE analiza cuáles son los servicios de los que los ciudadanos hacen más uso por vías electrónicas, con los siguientes resultados:
- Transporte: 59.2%.
- Cultura: 52.2%.
- Empresas: 46.3%.
- Educación: 42.1%.
En lo que a contratación electrónica se refiere, podemos destacar que todas las comunidades, salvo Extremadura y la Región de Murcia, tramitan electrónicamente más del 80% de sus facturas.
El impulso de la transformación interna
La administración electrónica va más allá de aquellos procesos digitales que facilitan la vida de la población, si no que también afecta a los procedimientos de trabajo interno por parte del funcionario administrativo.
El grado de impulso de la automatización de acciones administrativas y el nivel de preparación de los trabajadores públicos también se han analizado en el informe CAE.
De este se extrae que Madrid, País Vasco, Cantabria, Galicia, Cataluña, Ceuta y Melilla tienen un nivel alto en la gestión de documentos y expedientes electrónicos.
En cuanto a la preparación del personal, se contempla que 14 autonomías tienen un plan para formarlos en competencias digitales. Con las excepciones de Castilla y León, Navarra y la Comunidad Valenciana, que no disponen a día de hoy del mismo, y de La Rioja, que no aporta información al respecto.
Iniciativas de Gobierno Abierto
¿Qué medidas toman los gobiernos autonómicos para fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la reutilización de la información? A esta pregunta trata de responder el informe CAE.
En lo que a materia de Gobierno Abierto se refiere, prácticamente todas las Comunidades Autónomas disponen de una web sobre transparencia.
Si centramos nuestra mirada en el número de conjuntos de Datos Abiertos publicados por las diferentes Administraciones autonómicas, vemos como Aragón (5.427), País Vasco (1.651) y Navarra (583) se encuentran a la cabeza.
También podemos destacar que Andalucía sea, con diferencia, la comunidad que más solicitudes de información pública recibe electrónicamente, con 3.873, mientras que Madrid, situada en segunda posición, recibe 956.
Otro hecho a resaltar es que el 84% de las Comunidades Autónomas (16) han emprendido consultas públicas sobre normativa; y un 79% (15) sobre programas o planes.
Tecnologías empleadas
El uso de la tecnología en la nube se antoja esencial, pudiendo clasificarse en 3 tipos:
- Infraestructura como Servicio (IaaS): contratada por Cantabria, las dos Castillas, Murcia y Galicia.
- Plataforma como Servicio (PaaS): empleada por Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja.
- Software como Servicio (SaaS): utilizado por Cantabria, Castilla y León, Andalucía y Ceuta.
En cuanto a las soluciones tecnológicas más innovadoras, se puede observar como ya se usan algunas de ellas:
- Big Data: Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón y Comunidad Valenciana.
- Blockchain: Cataluña y Aragón.
- Realidad aumentada: Andalucía, Cantabria y Galicia.
Prácticamente, todas las comunidades, en mayor o menor medida, ejecutan acciones destinadas a implementar la ciberseguridad en sus acciones digitales, medidas centradas en la protección de datos de los usuarios.
Gastos en TIC y personal
El informe revela que el gasto en Tecnologías de la Información fue de 670.120 miles €. Aunque, debemos considerar que hay comunidades que no han facilitado esta información.
El personal TIC que trabaja en estas entidades suma 2.959 personas, lo cual representa un 0,53% del total de trabajadores públicos autonómicos.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede deducir que las Comunidades Autónomas en su gran mayoría están realizando un esfuerzo considerable para digitalizarse.
Desde Viafirma colaboramos en el uso de soluciones digitales para la Administración autonómica mediante nuestras soluciones de Firma Digital y de Gobierno Abierto. Como muestra de ello podemos tomar la implementación de Viafirma Documents en la Autoridad Portuaria de Baleares.
Empleando para ello diferentes estrategias y maneras de afrontar este cambio, el empeño en adaptarse a nuevas tecnologías y a facilitar información, realización de trámites y participación por parte de la ciudadanía, constatan una realidad tangible por todos los sectores de la sociedad.